Un reciente fallo asume que si el Estado argentino no renueva los permisos ya otorgados a productores y vendedores de semillas estaría poniendo en riesgo su libertad, sus derechos laborales y su derecho a la propiedad.
Antes del vencimiento de los permisos que habilitan la producción y venta de semillas de cannabis, que luego fue prorrogado por el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Juzgado Federal de San Martín sentó un precedente que exige al Estado intervención para no vulnerar los derechos de criadores y expendedores de semillas de cannabis.
Sin permisos, sin garantías constitucionales
Se trata en principio, de una medida cautelar interina, un recurso al que apela la Justicia cuando advierte que, en la marcha de un proceso judicial en el que se solicita una medida cautelar, hay una urgencia y una gravedad de tal magnitud que la persona afectada no puede esperar.
Eso fue lo que ocurrió con un criadero y comercio vendedor de semillas representado por la abogada Casandra Bonilla, fundadora del estudio Legal Green, quien solicitó una medida cautelar ante el inminente vencimiento de los permisos que autorizan a su clientes a cultivar cannabis para la producción de semillas y a comercializarlas legalmente.
«Esta medida cautelar interina fue otorgada porque el juez advirtió, ante todo, que están en riesgo derechos constitucionales: el derecho a la libertad ambulatoria, a la integridad física, al trabajo y a la propiedad», explica Bonilla a THC.
Es decir, para el juez no hay ninguna exageración en sostener que no renovar los permisos de INASE expone al afectado a la ley penal. Así como también pondría en peligro su derecho a trabajar y a la propiedad de las genéticas registradas.
«El juez advierte que hay un peligro real en la demora, porque a partir del 31 de mayo se vencían todas las titularidades», detalla Bonilla. Y suma un dato inquietante: salvo las personas protegidas por esta cautelar, hoy todos los inscriptos en INASE, en cualquiera de sus categorías, se encuentran en un estado de ilegalidad.
Esto se debe, explica Bonilla, a que la prórroga aún no tiene el estatus legal necesario, dado que fue un comunicado oficial, pero no una resolución debidamente publicada en el Boletín Oficial.
De hecho, Bonilla aclara que la situación no solo perjudica a quienes están habilitados para trabajar en el mercado de semillas de cannabis, sino también al propio Estado. Por un lado, porque las licencias se cobran y no hacerlo por esta suspensión arbitraria afecta las cuentas del INASE.
Por supuesto, una creciente judicialización afectaría también las cuentas públicas porque todo indicaría que, de cumplirse la ley, el Estado perdería ante cada una de las demandas recibidas.
¿Por qué el Estado está en falta?
El pedido del estudio liderado por Bonilla apuntó concretamente a que se permita la renovación de las categorías A y F de sus clientes.
La categoría A corresponde a Criadero, «es aquel dedicado al fitomejoramiento, búsqueda e inscripción de nuevas variedades. Puede comercializar su producción de semilla».
La categoría F corresponde a Comercio Expendedor, «es aquel que comercializa semilla producida por terceros. No está autorizado a multiplicar semilla ni a rotular».
Además, solicitó que la ARICCAME intervenga y regule. «Pedimos que actúe en pos de regular el cannabis medicinal con más del 1% del THC. La justicia no puede obligar a otro órgano que regule, pero sí, digamos, puede advertir que la situación es muy grave», detalla Bonilla.
Un tema central es el derecho a la Salud, consagrado en la legislación argentina y parte de los tratados internacionales a los que adhiere el país.
«La posibilidad de poder inscribirse en INASE y realizar registros de variedades hacen también el cumplimiento del objeto y fin de la Ley de Cannabis Medicinal, la 27.350«, puntualiza onilla en referencia al objetivo de investigación, desarrollo y acceso al cannabis para tratar diversas enfermedades.
«Por los tratados internacionales de Derechos Humanos el Estado argentino, a través de la Constitución Nacional, está obligado a cumplirlos y legislar en pos del derecho a la salud , pero se inicia una conducta regresiva en 2024», explica la abogada.
Puntualmente, Bonilla se refiere a las resolución 81 mediante la cual el INASE suspendió la inscripción de nuevos criadores de cannabis por seis meses que se prolongaron sin más hasta el día de hoy.
El otro problema es que la ARICCAME, bajo la intervención de Ignacio Ferrari, en 2024 emitió su única resolución: apuntó a la regulación del cáñamo y puso en un suspenso sin plazos toda acción para normalizar la producción de cannabis medicinal en el país.
«Si el Estado avanza en legislación relacionada al cannabis lo que tiene prohibido es volver para atrás, que es lo que está pasando», sostiene Bonilla.
Por supuesto, en su presentación Bonilla también apuntó a los riesgos penales que supone no renovar los permisos a quienes los tienen.
“El artículo 14 de la ley 23.737 establece una pena de prisión de 1 a 6 años por la simple tenencia estupefacientes”, advierte Bonilla. Y recuerda que la ley prevé penas de 4 a 15 en relación a las acciones de siembra, cultivo y guarda de semillas. Justamente lo que hacen las personas inscriptas en INASE.
“También pena al que comercie con plantas o sus semillas, utilizables para producir estupefacientes o las tenga con fines de comercialización, las distribuya, las dé en pago, las almacene o las transporte”, profundiza dejando en claro que prácticamente todas las acciones que lleva adelante un criadero y un comercializador podrían ser alcanzadas por la ley penal.
Con todas estas evidencias y riesgos sobre la mesa, la decisión judicial se terminó basando en dos aspectos centrales.
Primero, el peligro que enfrentaban los representados por Bonilla sin sus permisos. Segundo, que el criadero y comercio expendedor presentó toda la documentación que evidencia la legalidad de sus acciones, en tanto el Estado -puntualmente el INASE y la ARICCAME- no manifiesta por qué no actúa acorde a la legislación que tiene que cumplir.
Pedidos de informe
El Juez pidió informes a las dependencias del Estado demandadas. En concreto a INASE y ARICCAME. Lo que el juez solicita es que se manifiesten sobre la medida cautelar, si para ellos tiene que ser admisible o no. Para dar su posición y fundamentarla tienen un máximo de 5 días desde que se los notifique.
Para Bonilla, la situación debería resolverse una vez que presenten ambos informes en plazo de aproximadamente una semana. «Nuestros clientes siguen con sus categorías vigentes, así que esperamos que el juez nos haga lugar a la medida cautelar, esa es la expectativa», asegura Bonilla.
“Por supuesto, la expectativa es que también de haga lugar al amparo que presentamos, específicamente para permitir la renovación de las categorías”, suma la abogada.
Los informes de INASE y de ARICCAME, si bien apuntarán solo a responder esta acción judicial, permitirán ver algo que es de interés para toda la industria del cannabis medicinal y sus usuarios: qué posición evalúa adoptar el Estado ante las leyes vigentes.
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